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“Al poder judicial se le defiende aplicando la ley, no conservando privilegios”: Barbosa

*El gobernador poblano, Miguel Barbosa, llamó al Tribunal Superior de Justicia a que asuma la investigación de este caso y no actúe en agravio de la sociedad, y como jefe del Ejecutivo local garantizó apoyo legal y seguimiento al caso de la señora Miriam Vázquez.


Puebla, Pue.- Al tiempo de reiterar todo el apoyo institucional a la señora Miriam Vázquez Vázquez, cuya hija menor de edad fue violada hace dos años por su expareja sentimental, Ramón N., quien está en libertad debido a que un juez reclasificó el delito, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia a que asuma la investigación del caso pues “al Poder Judicial se le defiende aplicando la ley, no se le defiende preservando los privilegios que hay dentro", aseveró.


En ese sentido, el mandatario estatal pidió al Tribunal Superior de Justicia no actuar en agravio de la sociedad sino en beneficio de ella, y recriminó que los jueces consideren que las violaciones fueron relaciones consentidas.

En la habitual videoconferencia de prensa, el mandatario estatal estuvo acompañado por la señora Miriam Vázquez, quien narró lo sucedido con Ramón N. y la violación que sufrió durante este proceso por parte de su asesor legal, el cual estará sujeto a la investigación y sanción que corresponda.


La señora destacó la respuesta y el apoyo que ha recibido del gobierno estatal y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF).


El gobernador reiteró el respeto y reconocimiento del gobierno estatal hacia el Poder Judicial de Puebla, al destacar que existen grandes juristas; no obstante, señaló que requiere de una reforma para fortalecerlo, al tiempo de recordar el llamado a los Poderes del Estado a ser cabezas de la trasformación.


Por último, Barbosa Huerta reconoció que está preocupado por las determinaciones que toman algunos jueces, por lo que advirtió que el gobierno estatal vigilará su actuación para garantizar la aplicación de la ley.




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